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Futuro político

Publicado Junio 18 / 2018 Por: Ismael García Huesca
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En Veracruz, el OPLE es presidido por Alejandro Bonilla Bonilla. Todos se preguntan ¿por qué está allí?, en ese puesto, desde el cual puede fácilmente favorecer a sus amigos o afectar a sus enemigos. Ya sabemos que no lo hará, que todo será transparencia en cuanto al manejo de los cuantiosos recursos de los que ahí se disponen y que llevarán a la elección por las vías democráticas y legales, hasta las últimas consecuencias. Eso esperamos los veracruzanos.
Aunque siempre estuvo a la sombra del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, el actual consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, sigue ahí, organizando elecciones constitucionales y ahora la de gobernador de Veracruz, algo que sin duda llama mucho la atención.
Viene a la mente un momento en especial, allá en los comicios electorales del 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares acudió como candidato a su registro en el OPLE, y allí estaba Bonilla Bonilla, recibiéndole la documentación necesaria. En pleno papeleo, el candidato lanzó una amenaza directa y una queja incómoda contra Bonilla, ya que le exigió que actuara con limpieza o su destino sería la cárcel, cerrando el ultimátum con "eres un corrupto". Palabras más, palabras menos, afirman quienes allí estuvieron.
Pero los que conocemos la gran amistad que por años han mantenido, sabemos que esa "escenita" se vio y sonó muy falsa, digna de un episodio de telenovela.
El OPLE Veracruz organizó el Segundo Debate de los cuatro candidatos al Gobierno del Estado el pasado viernes 16 de junio. Allí estuve acompañando a Don Eduardo Thomae Domínguez y Don Carlos García Méndez, apoyando a nuestro amigo Pepe Yunes.
Sobre el debate, pudimos observar lo siguiente:
La candidata de Nueva Alianza, Miriam Judith González Sheridan, se fue contra el candidato de Morena desde el primer minuto que tuvo oportunidad, su estrategia fue atacarlo, el chiste del "cajón de bolero" se vio un tanto desesperado.
José Francisco Yunes Zorrilla entró mesurado, atento y cuidadoso de las formas, se sentía en su elemento, demostrando que se mueve como pez en el agua en estos escenarios, mostrándose superior a los demás. Al final salió ileso en el debate y nadie lo tocó, aunque "le estorba la marca", fue preciso, dominante en los temas y demostró su gran experiencia.
Miguel Ángel Yunes Márquez, entró bien, con ímpetu, sin embargo la estrategia de Cuitláhuac fue irse sobre él, por lo que sus propuestas fueron muy cuestionadas, y chistó. Está quemando mucho la carta de que "fue alcalde de Boca del Río" y la figura de MIYULI comienza a estorbarle cada minuto más.
Cuitláhuac García Jiménez, el candidato de MORENA-PT-PS entró bien, pero González Sheridan no le dio mucho descanso. Tachó de corrupto al gobierno actual. Su táctica es la misma que la de Andrés Manuel López Obrador: nadar "de a muertito" para no afectar lo que ellos dicen, sus altos índices de popularidad.

OPLES BAJO SOSPECHA
Los árbitros electorales necesitan fortaleza institucional para ejercer sus funciones a plenitud, así como la debida credibilidad que legitime todo proceso. Del mismo modo y de acuerdo con la importancia de su función, requieren mesura en el ejercicio de los recursos, para que elegir gobernantes se ajuste a la realidad económica de la democracia que defienden.
Sin embargo, hoy los árbitros electorales, a nivel estatal, son seriamente cuestionados por la ciudadanía. De acuerdo con una investigación que hoy presenta EL UNIVERSAL, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) llegan a la jornada del 1 de julio próximo en medio de polémicas, excesos y, en algunos casos, falta de legitimidad.
En todo caso, es necesario comprender el contexto en el que se han desenvuelto los OPLES en los últimos años. Se trata de organismos que fueron reformados en 2015, cuando al naciente Instituto Nacional Electoral (INE) se le adjudicó la responsabilidad sobre aquellos, que hasta entonces eran autónomos.
Como demuestra este trabajo periodístico, las lógicas locales, los vicios institucionales y las rutinas administrativas prevalecieron en el tiempo, de tal modo que las problemáticas permanecen vigentes. En términos presupuestales, a los OPLES se les destinan abundantes recursos que no son adecuadamente vigilados, sobre los cuales prevalece la opacidad y no se rinden cuentas.
En la evidencia presentada existen casos en los que las propias autoridades electorales locales deciden sus compensaciones salariales, por lo que se han reportado claros abusos al erario. En otros muchos ejemplos, el ejercicio de recursos fue injustificado y sin reglas claras. No se trata de situaciones aisladas, sino de fallas de diseño legal e institucional que están minando la credibilidad de los árbitros electorales locales a los ojos de la ciudadanía.
Un elemento más a considerar es que dentro de los OPLES hay consejeros electorales que han sido señalados por su cercanía con los diferentes partidos políticos. Algunos únicamente son reconocidos simpatizantes, pero en otros casos se trata de ex funcionarios partidistas y hasta de militantes. Es decir, aun con la reforma electoral de hace tres años, nada ha impedido a los partidos políticos mantener presencia e influencia en los órganos clave de decisiones electorales, lo que vicia de inicio cualquier proceso.
A partir de este panorama, y pasado el proceso electoral en curso, se hace necesario replantear el papel de los OPLES de cara a la validez de los comicios que arbitran, a la credibilidad que ofrecen a los votantes, a la legalidad de las decisiones que toman sobre los recursos que ejercen. En la base de la democracia, en lo local, y es donde hay que poner la atención para que resulte fortalecida.
En el actual proceso electoral una de las piezas principales de su organización son los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), los cuales se encargarán, por primera vez de forma concurrente, de los comicios en 28 estados, donde se renovarán congresos, presidencias municipales y ocho gubernaturas, teniendo en sus manos la logística electoral de dos mil 334 cargos.
EL UNIVERSAL realizó un ejercicio donde describe quiénes son los árbitros, cómo están trabajando y bajo qué condiciones presupuestarias y de independencia, y encontró que los últimos años, el desempeño de algunos organismos ha sido cuestionado por temas como el presupuestal, el sueldo de sus integrantes, la opacidad en el manejo de recursos y hasta por presuntos vínculos partidistas.
Estos organismos son relativamente nuevos, pues en el pasado, antes de la Reforma Electoral de 2014, se trataban de Consejos Estatales que en algunos casos trabajaban bajo la sombra de cuotas partidistas e incluso de los mandatarios estatales, opacando su actuación.
La modificación de ley no sólo les cambió de nombre, también significó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tuviera la facultad para nombrar a los consejeros y que el número de éstos se homologara a siete, ya que antes variaban entre cinco y nueve y eran designados por los congresos estatales. Además, el INE podrá delegar a los OPLES, en casos excepcionales, algunas funciones.
El objetivo de este esquema de colaboración, donde el INE se encarga de las votaciones federales, es según Gerson Hernández, académico de la UNAM, fortalecer la credibilidad de las autoridades locales. Pese a ello, la reforma también provocó, señala, una percepción de duplicidad de funciones y poca claridad.
Los OPLES han tenido experiencia en al menos tres elecciones locales. En 2014, el INE aprobó la integración de los organismos de 18 entidades, donde se realizarían comicios el siguiente año, nueve para la gubernatura. En 2016, fueron 14 estados los que celebraron elecciones, 12 para gobernador. De los 21 procesos, al menos fueron impugnados 14.
Uno de los casos más representativos fue Colima, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las votaciones por la injerencia de funcionarios públicos, a favor del priísta Ignacio Peralta, y convocó a elecciones extraordinarias.
Aunado a ello, en 2017, cuando se realizaron votaciones en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz, el Instituto Electoral de Coahuila se vio envuelto en la polémica debido a que el PREP sólo logró computar 72%, al momento en que el abanderado del PAN, Guillermo Anaya, poseía una ligera ventaja.
La consejera presidenta Gabriela María de Leo informó que las actas no llegaron a tiempo y negó cualquier fallo del programa que el propio instituto operaba, tal como lo harán en el proceso de este año. Aunado a ello, los topes de campaña del priísta Miguel Ángel Riquelme generaron sospechas de la oposición que derivaron en una impugnación ante el TEPJF.
Frente a este panorama, 2018 es un año de prueba para su consolidación, pues los OPLES tendrán el reto de dar certeza al proceso electoral desde las etapas preparatorias hasta los resultados de la contienda, además de que quedará constancia de la forma en que se coordinan con el INE.
Los consejeros encargados de planear y vigilar los comicios en estas 28 entidades —BC y Nayarit no tendrán elecciones— son 196 y en promedio perciben en salarios brutos 236 millones 612 mil pesos, esto es 3 mil 309 pesos al día, 37 salarios mínimos.
Lo que significa que un árbitro electoral percibe en un día lo que un empleado en 30 con un sueldo mínimo, tomando en cuenta que éste es 88.36 pesos al día. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 52 millones 865 mil personas ocupadas laboralmente, el 41% recibe entre uno y dos salarios mínimos.
En conjunto, los 28 órganos poseen 11 mil 632 millones 215 mil pesos y destinan 2% de éste a los salarios de sus consejeros. Pese a que el INE y los OPLES mantienen un vínculo, el Instituto Nacional no determina el presupuesto de éstos Los recursos se contemplan en el Presupuesto de Egresos de cada estado, por lo que terminan siendo los diputados locales quienes designan cuánto dinero manejarán los consejos locales.
Veracruz es la entidad que más dinero asignó a su organismo con mil 100 millones de pesos, luego de que en 2016, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, exigiera en pleno año electoral la entrega de al menos 178 millones de pesos en recursos pendientes desde 2013. Le sigue Nuevo León con 844 millones; Puebla, con 688; Guanajuato, con 630 y Durango, con 573 millones.
Varios de esos estados poseen los padrones electorales más robustos del país, como Veracruz con cinco millones 820 mil, Guanajuato, con cuatro millones 426 mil y Puebla con cuatro millones 555 mil. Sin embargo, de éstos cinco órganos, dos no poseen un gran número de electores como es el caso de Durango y Nuevo León, donde el padrón se conforma por un millón 303 mil y dos millones 765 mil personas.
En contraste hay órganos con recursos reducidos, destaca el caso de Morelos; hasta el momento es el que menos dinero tiene a nivel nacional, 55 millones, pese a que este año elige gobernador, diputados locales y alcaldes.
Hace unas semanas, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se declararon en crisis financiera para organizar la jornada electoral y atender los conflictos posteriores, pues consideraron que el monto es insuficiente.
A finales de marzo pasado, el Impepac pidió al gobierno estatal liberar la ampliación presupuestal que solicitó desde diciembre del año pasado por 121 millones de pesos. Su aprobación aún es incierta. Mientras su padrón asciende a un millón 455 mil electores.
A los presupuestos menores se suma Tlaxcala, con 75 millones de pesos; Baja California Sur, con 111 millones; Aguascalientes, con 144 millones y Zacatecas, con 191 millones.

Según Hernández Mecalco los procesos electorales en México resultan caros en comparación con otros países de América Latina, como Brasil y Chile. Inversión que no garantiza una adecuada rendición de cuentas, elemento sustancial en un ejercicio democrático.
Como muestra de los anterior, de los 28 órganos, al menos ocho han presentado, desde 2014, observaciones ante la Auditoria Superior de sus estados por diversas irregularidades. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Durango Michoacán, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco; algunos de ellos han logrado subsanarlas.
Tan sólo el consejero presidente, Ramón Hernández, se autoliquidó con cerca de medio millón de pesos por haber ocupado ese cargo en 2013. Los cuestionamientos fueron motivo de que el titular del órgano fiscalizador, José Luís López Salgado, fuera denunciado ante el Poder Legislativo, donde enfrenta un juicio político interpuesto por el consejero, al considerar que ventiló información reservada.
En al menos 10 organismos, los consejeros locales han sido señalados por ser cercanos, en diferente medida, a algunos partidos políticos, desde simpatía o afinidad, hasta haber sido militantes y ex funcionarios. Esto ha ocurrido en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala.
Uno de los casos que destaca es el del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), acusado por partidos opositores al PRI, de ser un árbitro electoral servil al gobierno. Para muestra, la consejera presidenta, Gabriela María de León Farías, fue acusada por tener preferencia hacia el tricolor, al haber utilizado su cuenta de Twitter para demostrar su simpatía con funcionarios o candidatos de ese partido.
El año pasado, la funcionaria le dio «me gusta» a una publicación del entonces candidato a la alcaldía de Saltillo, Manolo Jiménez. Dijo en su momento que fue hackeada. En otra ocasión mostró apoyo a Teresa Guajardo, candidata a diputada local.
Además, el consejero Alejandro González también fue señalado de ser afín al PRI. En 2016 salieron a la luz supuestos e mensajes de texto entre el consejero y el presidente de la Fundación Colosio del PRI, David Aguillón, donde González Estrada aseguraba que defendería a toda costa a ese instituto político. El consejero siempre negó que se tratara de él.
En febrero de 2016, el Consejo General del INE removió a tres consejeros de Chiapas, mientras que el 11 de mayo de ese año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la destitución del resto.
Se les responsabilizó por una serie de irregulares en los comicios de 2015, como no haber garantizado el principio de paridad de género e incluir en la lista nominal de chiapanecos en el extranjero a ciudadanos que no habían salido del estado ni son residentes en el exterior.